El contrato de arras es, en la práctica, el primer documento que firman comprador y vendedor de un inmueble. Su aparente sencillez esconde, sin embargo, una de las fuentes más frecuentes de litigiosidad en materia inmobiliaria: qué ocurre si una de las partes decide no seguir adelante, cuándo puede retenerse o reclamarse el doble de la señal y qué incumplimientos justifican la resolución. En este artículo analizamos el régimen jurídico de las arras penitenciales del artículo 1454 del Código Civil, su diferencia con el incumplimiento contractual y los aspectos procesales que conviene conocer antes de reclamar.
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1. Naturaleza jurídica: las tres clases de arras
La entrega de una cantidad a cuenta en una compraventa puede responder a funciones jurídicas muy distintas, y de esa calificación dependen por completo sus efectos. Doctrina y jurisprudencia distinguen tradicionalmente tres modalidades:
- Arras confirmatorias. Constituyen un anticipo del precio y una prueba de la perfección del contrato. No otorgan facultad alguna de desistimiento: si una parte incumple, la otra puede optar, conforme al artículo 1124 del Código Civil, entre exigir el cumplimiento o la resolución, en ambos casos con indemnización de daños y perjuicios.
- Arras penales. Operan como una cláusula penal (artículos 1152 y siguientes del Código Civil): fijan anticipadamente la indemnización para el caso de incumplimiento, sin que la parte cumplidora pierda por ello la posibilidad de exigir la ejecución del contrato.
- Arras penitenciales. Son las únicas que atribuyen a ambas partes una facultad de desistimiento: cualquiera de ellas puede apartarse válidamente del contrato pagando el «precio» de ese desistimiento.
El Tribunal Supremo ha reiterado que las arras penitenciales tienen carácter excepcional y que su existencia exige una voluntad de las partes clara, expresa e inequívoca. A falta de tal pacto, y en caso de duda, se presume que las cantidades entregadas tienen carácter confirmatorio. La calificación se realiza conforme a las reglas de interpretación de los contratos (artículos 1281 a 1289 del Código Civil), atendiendo al tenor literal del documento y a la intención evidente de los contratantes; no basta, por tanto, con que el documento se titule «contrato de arras» ni con el mero hecho de entregar dinero. La remisión expresa al artículo 1454 del Código Civil suele ser, en la práctica, el elemento determinante.
2. El régimen del artículo 1454 del Código Civil
El artículo 1454 dispone que, habiendo mediado arras o señal en la compraventa, podrá rescindirse el contrato allanándose el comprador a perderlas o el vendedor a devolverlas duplicadas. De ahí se derivan las consecuencias esenciales del pacto penitencial:
- La facultad de desistimiento es recíproca: corresponde tanto al comprador como al vendedor.
- Su ejercicio no constituye incumplimiento ni requiere alegar causa o justificación alguna.
- Si desiste el comprador, pierde las cantidades entregadas en concepto de arras.
- Si desiste el vendedor, debe restituirlas duplicadas: devuelve lo recibido y abona otro tanto como compensación.
- La facultad debe ejercitarse antes de la consumación del contrato. Una vez otorgada la escritura pública o iniciada la ejecución de las prestaciones principales, el desistimiento ya no es posible.
Conviene subrayar que, al tratarse de una facultad contractual, nada impide que las partes modulen su ejercicio (por ejemplo, sometiéndolo a un plazo o a una forma de comunicación fehaciente), siempre dentro de los límites del artículo 1255 del Código Civil.
3. Desistimiento e incumplimiento: una distinción decisiva
Una cosa es desistir y otra muy distinta incumplir. En el contrato de arras penitenciales, el incumplimiento se refiere a las obligaciones sustantivas asumidas, singularmente la de comparecer ante notario y otorgar la escritura pública de compraventa en el plazo y condiciones pactados.
Para que el incumplimiento legitime la resolución del contrato y las consecuencias económicas previstas, la jurisprudencia exige que sea grave y esencial: que frustre la finalidad económica del contrato o las legítimas expectativas de la otra parte. Así:
- La negativa injustificada a comparecer o a firmar la escritura constituye un incumplimiento grave que faculta a la parte cumplidora para resolver y, según el caso, retener las arras o reclamar su duplo.
- Por el contrario, un retraso leve o una discrepancia meramente administrativa que no impide el cumplimiento esencial —por ejemplo, la demora en la obtención de un documento que finalmente se aporta— no justifica por sí sola la resolución.
La correcta calificación de la conducta de cada parte es, por ello, la cuestión central de la mayoría de los litigios sobre arras.
4. Obligaciones accesorias y deber de información
Además de la obligación principal de formalizar la compraventa, el contrato de arras puede incorporar obligaciones accesorias: aportar la certificación de estar al corriente en el pago de los gastos de comunidad (artículo 9.1.e de la Ley de Propiedad Horizontal), entregar el certificado de eficiencia energética, acreditar la obtención de licencias urbanísticas o cancelar cargas registrales. Su incumplimiento puede alcanzar la consideración de esencial cuando afecte sustancialmente al fin del contrato.
Así ocurre, por ejemplo, cuando la falta de licencia de primera ocupación impide destinar el inmueble al uso pactado, o cuando el vendedor oculta información relevante sobre su situación urbanística o registral. En estos supuestos, además del incumplimiento contractual, puede concurrir un vicio del consentimiento por error o dolo (artículos 1265 a 1270 del Código Civil) o una vulneración del deber de buena fe en la ejecución de los contratos (artículo 1258 del Código Civil), lo que permite al comprador desvincularse del contrato y recuperar las cantidades entregadas.
5. Contratos sin plazo y cláusulas abusivas
No es infrecuente encontrar contratos de arras redactados de forma deficiente, sin un plazo cierto para otorgar la escritura. Esta omisión no determina la nulidad del contrato: el artículo 1128 del Código Civil permite solicitar a los tribunales la fijación judicial del plazo cuando de la naturaleza de la obligación se deduzca que las partes quisieron conceder uno.
Del mismo modo, cuando el comprador es un consumidor y el vendedor un profesional, la eventual abusividad de alguna cláusula no conlleva la ineficacia de todo el contrato. Conforme al artículo 83 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la cláusula abusiva se tiene por no puesta y el contrato subsiste sin ella, siempre que pueda mantenerse.
6. Aspectos procesales
- Legitimación. Corresponde a las partes del contrato de arras, que pueden ejercitar la acción de cumplimiento, la de resolución o la de reclamación de las cantidades derivadas del desistimiento o del incumplimiento.
- Requisito de procedibilidad. Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, es necesario acreditar un intento previo de solución mediante un medio adecuado de solución de controversias (negociación, mediación, oferta vinculante confidencial, etc.) antes de presentar la demanda.
- Cauce procesal. El procedimiento se determina por la cuantía de la reclamación: juicio verbal o juicio ordinario, según los artículos 249 y 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Carga de la prueba. Rige el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: quien alega el incumplimiento grave de la otra parte, o la concurrencia de causa justificada para resolver, debe acreditarlo. Por ello resulta esencial documentar los requerimientos, las citaciones notariales y las comunicaciones entre las partes.
- Motivación. La sentencia que acuerde la retención o la devolución duplicada de las arras debe estar suficientemente motivada (artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), como exigencia del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución.
- Costas. Se aplica, como regla general, el criterio del vencimiento objetivo del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En Cataluña debe tenerse en cuenta, además, la regulación propia de las arras contenida en el Libro Sexto del Código Civil de Cataluña (artículo 621-8), que resulta de aplicación preferente sobre el Código Civil estatal.
7. Recomendaciones prácticas
- Indique de forma expresa la clase de arras y, si se pretende que sean penitenciales, la remisión al artículo 1454 del Código Civil.
- Fije un plazo cierto para el otorgamiento de la escritura y la notaría en la que se firmará.
- Recoja las obligaciones accesorias de cada parte y la documentación que debe aportarse antes de la firma.
- Verifique antes de firmar la situación registral y urbanística del inmueble mediante nota simple y, en su caso, consulta municipal.
- Ante cualquier incidencia, realice los requerimientos por un medio fehaciente (burofax o requerimiento notarial).
¿Cómo podemos ayudarle?
En Aponte Abogados redactamos y revisamos contratos de arras, asesoramos durante toda la compraventa y defendemos a compradores y vendedores en las reclamaciones derivadas del desistimiento o del incumplimiento. Consúltenos sin compromiso en el 652 488 079 / 621 251 270, por correo en aponteabogados@icacr.es o en nuestro despacho de la Plaza Mayor 21, 2ºC, de Ciudad Real.
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Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Cada caso requiere un análisis individualizado del contrato y de las circunstancias concurrentes.
